Posted March 9, 2010
POR LA LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS DE CAMPECHE, MEXICO
México está viviendo un nuevo proceso de militarización y represión hacia los movimientos sociales y de oposición al gobierno fraudulento e ilegítimo de Felipe Calderón. Por todo el país se extienden casos de represión persecución y encarcelamiento de aquellas voces que se alzan contra el autoritarismo del gobierno y sus políticas que atentan contra los derechos y calidad de vida del pueblo. Entre tantos abusos de poder, el Congreso Mundial del la Cuarta Internacional destaca el caso de los compañeros Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas , presos desde julio de 2009 en el penal de Kobén, en Campeche.
Este caso de represión es la muestra de dos ejes fundamentales en la política de Calderón: privatización y represión. Privatización energética tanto del petróleo como en este caso de la energía eléctrica que desde hace años ha venido avanzando sigilosamente, y que está produciendo el paulatino aumento de las tarifas eléctricas, principalmente en zonas rurales y hundidas en la pobreza, y que en los últimos meses intenta dar un salto con la liquidación de la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y la desaparición del Sindicato Mexicano de electricistas (SME).
Así como en otras zonas rurales del país como Veracruz, Tabasco, Chiapas, etc. desde hace tres años, la Comisión Federal de Electricidad ha elevado en más de un 200% las tarifas eléctricas en Candelaria, Campeche, un abuso intolerable para los limitados ingresos de los campesinos campechanos. Por lo que en respuesta a este ataque privatizador, se creó y fue consolidando en estos años el Movimiento de Resistencia Civil de no pago a las altas tarifas de luz y por una tarifa social y justa basada en el salario mínimo.
El movimiento de resistencia a lo largo de estos años ha sido una respuesta a las políticas neoliberales y este gobierno lejos de atender las demandas justas de los compañeros responde con la criminalización del movimiento
Menos de una semana después de las elecciones legislativas de julio de 2009, cinco dirigentes de la resistencia fueron encarcelados, detenidos con lujo de violencia intimidación y amenazas contra ellos y sus familias. Acusados de “privación ilegal de la libertad”, por haber hecho presión, obligando a permanecer a los funcionarios de la CFE dentro de las instalaciones de la misma exigiendo la solución satisfactoria de sus demandas
Acusar a los dirigentes de movimientos sociales de este delito se ha vuelto práctica común por parte de los gobiernos panistas, siendo el caso de Ignacio del Valle de Atenco condenado a más de 100 años de prisión el más significativo.
Hasta ahora, la movilización popular y la incongruencia jurídica del gobierno, han logrado la libertad de 2 compañeros, sin embargo Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas, siguen presos. Aún no reciben sentencia y estas semanas son fundamentales para definir su situación jurídica.
El Congreso Mundial de la Cuarta Internacional , se suma a la exigencia por la libertad de los tres presos políticos de Candelaria, por el cese de la persecución y represión a los movimientos sociales y a los compañeros de la resistencia contra la privatización eléctrica y el incremento de las tarifas.
¡Libertad a Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas!
¡No a la privatización energética!
CONTRA LA MILITARIZACIÓN Y POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO
El XVI Congreso Mundial de la IV Internacional ha conocido los reportes sobre la grave situación de los derechos humanos en México, tanto por la continuación del feminicidio no solamente en Ciudad Juárez, sino también en otras ciudades y regiones del país, como ahora con los atropellos, ejecuciones y desaparición forzada de personas producto de la militarización que se extiende paulatinamente desde el norte de México al resto del país, todo ello acompañado de la práctica de criminalizar la protesta social y la pobreza.
El feminicidio, que no se frena y se mantiene en la impunidad por la negligencia o complicidad de las autoridades, se ve estimulado y fundamentado por las reaccionarias campaña de los partidos de la derecha en el gobierno que fomentan la misoginia, la homofobia y quita derechos a las mujeres. Es ese es el sentido de la campaña desatada, con el apoyo de la Jerarquía de la Iglesia Católica, para penalizar el aborto en la mayoría de los estados de la República Mexicana, como reacción al hecho que desde hace algunos años se logró en la Asamblea Legislativa la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Es también el sentido de la campaña, nuevamente con la beligerante participación de la iglesia Católica, vulnerando cada vez más el Estado laico en México, contra los derechos de los homosexuales y lesbianas.
Este Congreso Mundial llama a respaldar y apoyar la lucha del movimiento feminista y del movimiento amplio de mujeres de México en la defensa de sus derechos. Es parte de la lucha que mujeres en otras partes del mundo dan también contra similares ataques de la derecha. Este 8 de marzo y después, recuperando l carácter internacionalista de esta fecha, debemos extender el apoyo contra el feminicidio, la misoginia y homofobia y en defensa de los derechos de las mujeres.
Como se logró frenar el feminicidio en Ciudad Juárez en los años anteriores, ahora la situación se ha complicado con la militarización, extendiéndose la violencia y la violación a los derechos humanos en general de la población civil. El gobierno de Felipe Calderón, producto de un fraude electoral que pretende restituir de legitimidad por medio de la militarización, dice estar llevando a cabo una guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Sin embargo, en Ciudad Juárez no ha habido enfrentamientos armados entre las fuerzas militares y el narcotráfico. Lo más frecuente son ejecuciones, asesinatos, en las calles, en escuelas, en casas particulares e incluso fusilamientos en centros de readaptación de adictos. Del feminicidio se ha pasado al asesinato, la ejecución, de jóvenes en general, de gente pobre, de estudiantes y maestros universitarios y de activistas defensores de derechos humanos. Más que una guerra contra el narcotráfico se trata de una campaña de “limpia social” como ya hemos visto en otros países. El gobierno de Calderón presenta el creciente número de asesinatos como éxitos de su guerra pretendiendo que son”bajas” del crimen organizado. Esta masacre debe ser detenida con la protesta y denuncia internacional.
Como parte de la criminalización de la protesta social, ahora las víctimas de esta guerra se encuentran también entre activistas de derechos humanos, como lo muestra el reciente asesinato de Josefina Reyes y las amenazas contra la compañera Cipriana Jurado, feminista representativa de la generación anterior que luchó contra el feminicidio y que ahora está amenazada por su oposición a la militarización. Amnistía Internacional ha exigido la protección de Cipriana y este Congreso Mundial exige respeto a su militancia y activismo a favor de los derechos humanos. En días recientes importantes movilizaciones se han hecho en las calles de Ciudad Juárez exigiendo la salida del ejército, el respeto a los derechos humanos de la gente e incluso la salida de Felipe Calderón del gobierno. Este Congreso Mundial llama a rodear de solidaridad a estos movimientos.
DECLARACIÓN DEL CONGRESO MUNDIAL DE LA IV INTERNACIONAL:
¡SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS!
Dos de los más importantes contingentes del proletariado mexicano, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), están librando una dura batalla para preservar sus organizaciones, sus contratos y su fuente de trabajo. Estos conflictos vuelven a poner la lucha de clases al centro de la política de ese país.
Estos conflictos han desnudando el odio clasista y la infamia de un régimen, surgido de un escandaloso fraude electoral en 2006, que pretende la destrucción de estas organizaciones sindicales para profundizar la mercantilización de todos los servicios públicos, “flexibilizar” las leyes laborales y facilitar la aplicación de un brutal paquete de reformas económicas que echan sobre los hombros de trabajadores el peso de una crisis provocada por la avaricia patronal.
El 10 de octubre de 2009, el gobierno derechista de Felipe Calderón envió fuerzas del ejército para ocupar las instalaciones de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC), en acatamiento de un ilegal decreto que extinguía a esta empresa, dejando en la calle a 44 mil trabajadores electricistas y en la indefensión a 22 mil jubilados. El gobierno trato de justificar esta medida argumentando supuestas “ineficiencias” y “privilegios” por parte de los trabajadores, en realidad su propósito es privatizar el servicio público de electricidad, su red de fibra óptica y destruir a un sindicato que es ejemplo de combatividad y democracia en la historia de ese país.
Por su parte los trabajadores mineros –de la histórica mina de Cananea, de Sombrerete y de Taxco–, llevan más de dos años de huelga exigiendo mejores condiciones de seguridad e higiene a la multimillonaria empresa denominada “Grupo México”. Hace casi tres años en la mina de carbón “Pasta de Conchos”, propiedad de ese mismo grupo empresarial, ocurrió una terrible tragedia que costó la vida de 62 trabajadores, debido a la carencia de las más elementales medidas de seguridad. El pasado 12 de febrero la huelga de Cananea, del estado de Sonora, fue declarada ilegal y ahora el gobierno prepara su recuperación utilizando fuerzas policiacas o militares. Los trabajadores han respondido que no entregarán las instalaciones de la mina aún a costa de sus vidas.
El próximo 16 de marzo, fecha en la que se debería revisar su contrato colectivo de trabajo el SME, un amplio agrupamiento de sindicatos y de otros movimientos sociales han convocado a la realización de un Paro Nacional hasta la solución de los conflictos minero y electricista. De esa prueba de fuerza dependerá, en gran medida, el futuro inmediato de la clase obrera mexicana.
La Cuarta Internacional manifiesta su incondicional solidaridad con la lucha de los trabajadores electricistas y mineros mexicanos y convoca a todas sus secciones, simpatizantes y a los trabajadores de todos los países, a que el próximo 16 de marzo se realicen acciones de protesta en contra del gobierno mexicano en todas las embajadas de México en el mundo.
Bruselas, Bélgica a 27 de febrero de 2010
¡Viva la clase trabajadora!
¡Viva el internacionalismo proletario!
Comments
One response to “Tres resolutivos del Congreso Mundial de la IV internacional sobre México”
Solidarity with the Mexican workers’ struggle
Two of the most important contingents of the Mexican proletariat, the Mexican Electrical Workers’ Union (SME) and the National Mine, Metal and Allied Workers’ Union (SNTMMSRM), are engaged in major battle to defend their organisations, their contracts and their jobs. These conflicts put the class struggle back at the centre of politics in this country.
These conflicts have laid bare the class hatred and unscrupulous nature of a regime that was born out of a scandalous electoral fraud in 2006, and which aims to destroy these trade union organisations in order to deepen the privatization of all public services, “flexibilize” labour laws and make it easier to apply a brutal package of economic reforms that will make workers carry the burden of a crisis caused by the greed of the employers.
On 10th October 2009, the right-wing government of Felipe Calderon sent the army to occupy the premises of the public electricity company Luz y Fuerza del Centro (LyFC), following an illegal decree to liquidate this company, throwing 44 thousand electrical workers into the street and leaving 22 thousand pensioners with nothing. The government tried to justify this measure on the grounds of the workers’ alleged “inefficiencies” and “privileges”, but in reality its objective is to privatize the public electricity service and its fibre-optic network, and to destroy a union that has been a symbol of struggle and democracy in the history of the country.
For their part, the miners – of the historic Cananea, Sombrete and Taxco mine – have for more than two years been striking to demand better safety and hygiene conditions from the multimillion dollar company called “Grupo Mexico”. Almost three years ago, there was a terrible accident at the “Pasta de Conchos” coal mine belonging to this group, which cost the lives of 62 workers, caused by the lack of the most elemental safety measures. On 12th February, the strike at Cananea, in Sonora state, was declared illegal and now the government is preparing to retake control with the use of military and police forces. The workers have relied that they will not hand over the mine, even if it costs them their lives.
On the 16th March, the date when the SME´s collective agreement should be reviewed, a broad group of unions and other social movements have called for a national stoppage until the mining and electrical industry conflicts are resolved. On the outcome of this struggle will depend, in large measure, the immediate future of the Mexican working class.
The Fourth International expresses its unconditional solidarity with the struggle of the Mexican electricity and mine workers and calls on all its sections, sympathizers and the workers of all countries, to organise protest actions on 16th March against the Mexican government outside the Mexican embassies in all countries of the world.
Long live the working class! Long live proletarian internationalism!
Sixteenth World Congress of the Fourth International 26th February 2010